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Estado laico: debate pendiente
Jueves, 8 de Julio de 2010
En el actual texto Constitucional boliviano, el artículo 4 señala: “El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión.” Este mandato se ha convertido en la justificación para exponer una serie de enunciados que, al mejor estilo desinformativo, desvirtúan el verdadero significado y alcances de la laicidad estatal. 
El Estado laico es —en principio— un Estado en el que el poder político y el poder religioso se encuentran claramente separados, por tanto no sólo no se privilegia a una religión o Iglesia determinada, se permite que todas éstas puedan expresarse en igualdad de condiciones; la laicidad no es un fin en sí mismo, es un camino que se ajusta al hecho de que ninguna religión debe “apoderarse” del Estado, del poder político, e imponer sus dogmas a la comunidad política, y por tanto a toda la población. En un Estado laico las personas tienen el derecho fundamental de profesar una religión y de llevar a cabo las prácticas propias de su culto, pero, en virtud de la laicidad estatal, esas prácticas deben pertenecer a la esfera privada de cada creyente y respetar en todo momento las leyes estatales. El escenario que plantea el Estado laico aporta tanto a la profundización de la democracia como al ejercicio de las libertades y derechos tan copiosamente demandados. En esa lista de derechos se distinguen los derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Por qué es importante detenernos a mirar la relación estrecha entre el Estado laico y éstos derechos? Por varias razones, una de las primeras es que en esta sociedad, en la que “lo que parece” difiere de “lo que realmente es”, pues aunque no se quiera ver, vivimos en una sociedad hondamente ensamblada a la sexualidad, existen ciertas discusiones que deben llevarse a cabo sin tropiezos moralistas y valores religiosos que no necesariamente son compartidos por toda la población y que juzgan a priori, entorpeciendo procesos importantes.
El reconocimiento de derechos particulares, principalmente los relacionados a los derechos sexuales y derechos reproductivos, debe darse en un marco de la objetividad, la información y debates no prejuiciosos, y esto se logra únicamente con la no injerencia de ciertos preceptos religiosos en el espacio estatal.
Es necesarias esta vinculación, también, porque la influencia de las iglesias, particularmente la Católica, se ha sentido en muchos ámbitos, pero más sensiblemente en aquellos relacionados con los derechos sexuales y derechos reproductivos. No resultan extraños titulares como “La Iglesia prohíbe el uso del condón para frenar el sida”: “La Iglesia nunca aceptará el divorcio”, “Muerte a los gays en el nombre de Alá”.
Sobre el Estado laico no sólo se ha dicho que es un Estado ateo, que la pérdida de valores es profunda, que la propia Constitución es atea, entre otras cosas; también se acude persistentemente a la idea de que es necesario preservar la moral pública, sin tomar en cuenta que ésta siempre es dinámica en la medida que las costumbres de los pueblos se modifican y varían con el tiempo. Muchas cuestiones que antes eran prohibidas (un beso en la calle, el desnudo público, la convivencia entre homosexuales) ahora se permiten, porque precisamente la moral pública ha cambiado.
Ciertamente, en la medida en que las religiones forman parte esencial de la cultura, influyen en las concepciones morales sobre lo que es correcto o incorrecto, sobre lo que es bueno o malo, pero las creencias personales (religiosas o de otro tipo), no deben ni pueden ser impuestas al conjunto de la población; las y los legisladores y los funcionarios públicos están influidos en su visión del mundo por sus respectivas religiones o cosmovisiones, pero la ciudadanía tiene la obligación de recordarles de manera permanente que su papel no es el de imponer políticas públicas a partir de sus creencias personales, sino el de llevar a cabo sus funciones de acuerdo con el interés público.
Sin duda, en Bolivia, la consolidación y práctica del Estado laico supone discusiones polémicas y encontradas, una transformación cultural y social que posiblemente lleve años, pero que es necesario que se dé y más en pleno siglo XXI.
Correo : cddbol.medios@catolicasporelderechoadecidir.org
Autor : Cecilia Terrazas Ruíz
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